La Brigada de Delitos Económicos de la PDI informó en agosto pasado al Ministerio Público que, en base a escuchas telefónicas interceptadas a representantes de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (Fiden) -imputados por presunto lavado de activos-, existirían antecedentes que dan cuenta de una serie de otros delitos.

Entre ellos se cuenta fraude al fisco, tráfico de influencias, cohecho, defraudaciones, financiamiento ilegal de campañas políticas y asociación ilícita, según un extracto del texto que dio a conocer.

El abogado de Fiden, Marcelo Castillo, solicitó la nulidad procesal ya que -a su juicio- la investigase basa en antecedentes falsos, bajo los que en su momento se allanaron 17 inmuebles.

Las escuchas telefónicas y peritajes incluyen al exalcalde UDI, Pablo Zalaquet; el exsuperintendente de Casinos, Francisco Leiva; y al exembajador chileno en Singapur y lobbista cercano a la DC, Carlos Tudela.

A ellos se suman los exdirectores de la asociación, Sebastián Salazar; Alberto Haddad; y el padre de este último, el político también ligado a la falange, Nelson Haddad.

El informe también detalla presuntos vínculos entre la diputada Erika Olivera (RN) y exdirigentes de la Fiden en el financiamiento de su campaña política que la llevó hasta el Congreso.

El abogado de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, Juan Carlos Manríquez, señaló que -si bien hasta la fecha no son parte de la investigación- en base a los antecedentes con los que cuenta la Fiscalía, la indagatoria debe perseverar.

El próximo miércoles 9 de enero, en tanto, en el Cuarto Juzgado de Garantía se debatirá la nulidad procesal planteada por la defensa de Fiden.

 

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